Por ser pobre e indígena, autoridad no investiga su feminicidio

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ)emitió la recomendación 25/20, a seis autoridades, por haber calificado como suicidio la muerte de una mujer wixárika, cuando se trataría de un feminicidio ante los indicios hallados y antecedentes de violencia intrafamiliar que sufría. 

El 1 de abril, la hermana de la víctima presentó una queja ante  la CEDHJ, y narró que el 3 de marzo, el cuerpo de la mujer que vivía en el rancho El Bajío, comunidad de Santa Catarina Cuexcomatitlán fue hallado colgado de un árbol que está en el patio de su casa.  

Señaló que su hermana era violentada de forma física, psicológica y económica por su marido, y que era común que la sacara de la casa para castigarla, cuando según él, hacía algo que le molestaba. Incluso dijo que ella, estando embarazada se quedaba hasta por cuatro horas sentada en una piedra, hasta que a su pareja se le pasaba el coraje. 

El marido aseveró ante la autoridad que la mujer se había suicidado, a pesar de que había indicios de desorden y un rastro en la tierra como si el cuerpo hubiera sido arrastrado. Además, la víctima tenía en sus manos restos de masa, al parecer porque estaba torteando.  

La quejosa informó que la autoridad entregó el cuerpo de su hermana al siguiente día, y le aseguraron que fue un suicidio. También, le dieron la ropa de la víctima y la pañoleta que la sujetaba al árbol, objetos que de acuerdo a sus usos y costumbres fueron quemadas, por lo que se perdieron pruebas para el acceso a la justicia.  

La CEDHJ tras investigar, encontró que no hubo una adecuada cadena de custodia, no se acordonó el área, no se investigó sobre la violencia de género que vivía la víctima, no se entrevistó a los testigos con traductores oficiales como marca el protocolo cuando se involucran a comunidades indígenas. 

A la vez, el organismo se percató que existió un acuerdo entre el agente del ministerio público de Huejuquilla el Alto y el perito en criminalística del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) para alterar la solicitud de los primeros exámenes y peritajes para justificar que sí los habían solicitado conforme al protocolo de feminicidio. 

Una irregularidad más, es que el médico de Huejuquilla el Alto que está comisionado al IJCF, simuló realizar la necropsia, «lo que hace evidente su desconocimiento sobre la Guía técnica con perspectiva de género para la elaboración de necropsias en casos de muertes violentas de mujeres emitido por el propio instituto», se lee en la recomendación. 

En la supuesta necropsia, el médico tuvo la asistencia de una persona que no está acreditado ante el IJCF como perito, y el ayuntamiento de Huejuquilla el Alto tampoco tiene relación con él, lo que corrobora que estuvo presente sin las credenciales que le identificaran como servidor público. 

A los 42 días, se hizo una nueva necropsia que confirmó la simulación de la primera. Un dato más, es que el 4 de marzo pasado, el ministerio público mandó al perito en criminalística un mensaje para indicarle que la carpeta de investigación era “no judicializable”, ya que se había determinado que se trataba de un suicidio. 

La CEDHJ recalcó que la recomendación pone en evidencia que personal de la Fiscalía del Estado , del IJCF,  policías de Mezquitic, así como personal médico de Huejuquilla el Alto, violaron el derecho de la víctima a un debido proceso, «al no realizar las primeras investigaciones presumiendo» un feminicidio, «con enfoque diferenciado y especializado que el caso requería», al tratarse de una mujer indígena y por la condición de pobreza extrema en la que vivía. 

La recomendación está dirigida a la Fiscalía del estado, el IJCF, a los alcaldes de Huejuquilla el Alto y de Mezquitic, la Fiscalía Anticorrupción y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para que exista una reparación integral, y se establezcan medidas de no repetición. 

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