Regidora amenazada de muerte, gana juicio contra violencia política

La regidora independiente de Cihuatlán, María Guadalupe Becerra Barragán, aseveró que consiguió una «sentencia con un precedente histórico», al ser la primera en el país, en ganar una demanda de violencia política por razón de género.

Guadalupe Becerra recibió amenazas de muerte del crimen organizado, tras haber denunciado el 29 de octubre de 2018, durante una sesión de Cabildo que el presidente municipal de Cihuatlán, el emecista, Fernando Martínez Guerrero, y su secretario general, Fernando Medina Flores aprobaron compras sin la licitación correspondiente, y a sobreprecio.

Además, la regidora solicitó ante el Tribunal Administrativo del Estado, que se anularan todos los acuerdos en que se designó a Medina Flores como encargado de Hacienda y del Órgano de Control Interno del municipio.

En noviembre de 2018, Guadalupe Becerra refirió que familiares del secretario general, presuntamente integrantes del crimen organizado le advirtieron que tenía 24 horas para dejar su cargo y salir del municipio, si no lo hacía la matarían a ella y a su familia.

Dijo que el familiar de Medina Flores, es Raúl Flores Hernández alias El Tío, señalado en agosto de 2017, por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de lavar dinero, a través de diferentes personajes, entre ellos, el cantante, Julión Álvarez, y el exjugador, Rafael Márquez.

El 22 de marzo pasado, la regidora independiente interpuso una demanda -expediente JDC007/2019- de juicio de Protección de los Derechos Políticos Electorales, ante el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco (TEEJ), por los malos manejos del alcalde de Cihuatlán, y de su secretario general, quienes le retuvieron su pago de nómina, así como por amenazas de muerte, intimidaciones, e intolerancia.

El 26 de abril TEEJ dio un revés a la regidora, al argumentar que no se acreditaba la violencia política por razón de género.

La afectada impugnó la decisión ante la Sala Regional Guadalajara del Tribunal del Poder Judicial de la Federación, donde se admitió su demanda, bajo el expediente SG-JDC-140/2019.

El 15 de mayo, la Sala Regional emitió un acuerdo para que autoridades locales y federales otorguen medidas de protección a Guadalupe Becerra.

A final de ese mismo mes, la Sala Regional Guadalajara, resolvió que el gobernador, Enrique Alfaro; su secretario de gobierno, Enrique Ibarra, el fiscal del estado, Gerardo Solís; así como la Subsecretaría de Derechos Humanos y la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, deben realizar «actos jurídicos y materiales» para que la regidora se reincorpore a su cargo, y se garantice su seguridad y la de sus familiares.

Mientras que a las Fiscalías: Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, así como la que encabeza Gerardo Solís, les requirió investigar y sancionar al munícipe y su secretario, puesto que se «han configurado actos constitutivos de violencia política basada en elementos de género».

Al ayuntamiento le ordenó pagar todos sus sueldos y prestaciones atrasados a la regidora, a partir de la segunda quincena de noviembre.

Ante la negativa de las autoridades estatales y municipales de acatar la sentencia, la Sala Regional en un periodo de ocho meses, ha emitido otros tres acuerdos para apercibirlos y conminarlos, pero sigue la reticencia, se queja la regidora.

Documento de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Teme por su vida

En la sesión de cabildo que se realizó en octubre, la regidora con pruebas en mano, señaló que se estaban adquiriendo productos a sobre precio, hasta por 600 mil pesos.

«Lo malo es que se las advertí, lo canté antes de tiempo, les dije también del nombramiento del secretario general que era ilegal», en consecuencia dijo, a su abogado, lo ‘levantaron’ para «mandarme un mensaje», mientras que a su familia la amenazaron y despojaron de sus bienes.

La regidora quien salió huyendo de Jalisco, por temor a que la maten, ya cuenta con seguridad proporcionada por la federación.

Ella identificó a las dos personas que se presentaron armadas a su casa, dio los datos a la Fiscalía que ayudarían a detenerlos, pero lamenta que sigan libres en Cihuatlán, por la falta de actuación de la autoridad.

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