Sin justicia para niño que murió intoxicado por el río

A 12 años de la muerte del niño Miguel Ángel quien se envenenó con arsénico después de caer al río Santiago, su familia no ha recibido la indemnización correspondiente, luego de que la Comisión Ejecutiva Nacional de Atención a Víctimas (CEAV), argumenta que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) nunca reconoció que la sustancia tóxica estaba en el cauce. 

Marcha para pedir justicia tras la muerte del menor

El 26 de enero de 2008, el niño cayó al agua del río Santiago, fue hospitalizado por presentar diversos síntomas, como vómito, diarrea, temperatura; durante 18 días estuvo en coma, falleció el 13 de febrero, por intoxicación de arsénico. 

En 2010, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la resolución 12/2010 para exhortar a la Conagua a indemnizar y resarcir los daños a la familia del menor, explica el abogado de la familia afectada, Juan Carlos Sánchez Solórzano. 

Sin embargo, la Conagua no reconoce que el niño falleció intoxicado por las sustancias que se encontraban en el río Santiago.  

En 2015, los padres del menor acudieron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en Jalisco, se abrió un expediente en que se aportan diversos dictámenes médicos y otros documentos.  

A nivel nacional, se les reconoció como víctimas, a Miguel Ángel, a su mamá, María del Carmen Rocha Mendoza, y a su padrastro, Raúl Luna Mendoza, por lo que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) debía indemnizarlos de forma integral. 

Pasaron dos  años, la CEAV nunca dio respuesta a su petición del pago indemnización, cuando la  ley establece que tras recibirse «la solicitud pasará a evaluación al comité interdisciplinario (…) y tendrán un plazo no mayor de 20 días hábiles», señaló Juan Carlos Sánchez. 

Desde 2017 a la fecha se interpusieron diferentes recursos legales para presionar a la CEAV a cumplir con el pago, aunque todos resultaron a favor de los afectados, la depedencia se niega a indeminizar. 

Por lo que piden a la titular de la CEAV, Mara Gómez Pérez, «tomar cartas en el asunto» y «atienda las resoluciones» del juzgado, sino será denunciada por abuso de autoridad ante la Fiscalía General de la República. 

Madre de la víctima 

Por su parte, Carmen Rocha pide a la autoridad cumpla con su compromiso de apoyarle con becas de estudio para sus tres hijos, reubicarla, y que se detenga la contaminación del río. Además, criticó la postura de la Conagua:

Raúl Luna, padrastro de Miguel Ángel, mencionó que desde hace 4 años padece de insuficiencia renal crónica. «Me quedé esperando que algún día se arreglara lo del río, pero desgraciadamente también me tocó enfermarme. Yo era muy sano, hacía deporte y no saben por qué me enfermé», recalcó. 

Sin embargo, considera que su enfermedad se debe a la contaminación del río. Ahora espera la donación de un riñón de un cadáver. 

Enfermedad y muerte  

Raúl Muñoz Delgadillo, presidente del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental El Salto, desde hace 12 años documenta los casos de afectaciones a la salud, y fallecimientos de los pobladores del municipio aledaño al río Santiago. 

Refirió que las enfermedades más comunes entre los vecinos de El Salto son: cáncer, insuficiencia renal, leucemia, tumores cerebrales y abortos espontáneos. 

«El total de personas afectadas en los últimos 12 años son insuficiencia renal crónica terminal son mil 357, con cáncer 432, y 4 mil 254 personas que padecen diferentes tipos de enfermedades», detalló. 

Mientras que en los últimos 12 años, fallecieron 1430 vecinos por causas relacionadas con la contaminación del río. 

Considera que entre los responsables de las afectaciones a los vecinos de la cuenca del río están la exalcaldesa, Beatriz Moreno, su entonces director de Obras Públicas, Ernesto Padilla, y la titular de Ecología, Graciela González, actual dirigente del colectivo ambiental, Un Salto de Vida, por permitir la construcción y habitabilidad del fraccionamiento La Azucena.  

«Los responsables tienen que estar tras las rejas, y no en las oficinas gubernamentales», por lo que firmará la demanda penal que se presentará en aproximadamente 15 días. 

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